Una década después de que muchas escuelas adoptaran programas generalizados de dispositivos (asignando computadoras portátiles o tabletas a cada estudiante), los formuladores de políticas y sus defensores están comenzando a cuestionar los efectos a largo plazo. Lo que comenzó como una necesidad impulsada por la pandemia se ha transformado en una dependencia generalizada de las pantallas, lo que ha llevado a algunos a pedir una reversión, especialmente en edades más jóvenes, donde las distracciones son más potentes.
El auge del “uno a uno” y las consecuencias imprevistas
El impulso al aprendizaje digital se aceleró durante la COVID-19, impulsado por la financiación federal y la necesidad urgente de instrucción remota. Si bien su objetivo era cerrar las brechas educativas, esta rápida adopción dejó poco espacio para una consideración cuidadosa de los inconvenientes. Kate Blocker, directora de investigación de Children and Screens, señala que la promesa inicial de mejorar el aprendizaje y la eficiencia no se ha materializado por completo. La pregunta ahora es si estos beneficios justifican los costos.
La preocupación no es eliminar la tecnología por completo, sino más bien mitigar sus consecuencias no deseadas. Angela Duckworth, una destacada psicóloga educativa de la Universidad de Pensilvania, utiliza una analogía contundente: “No se les dice a los fumadores que se sienten junto a un paquete de cigarrillos. Se les dice que se aparten de la tentación”.
Distracción y datos: los problemas centrales
Los datos federales muestran que el 90% de las escuelas públicas ahora operan bajo un programa “uno a uno” para el año escolar 2024-25. Sin embargo, las investigaciones sugieren que estos dispositivos se están convirtiendo en una distracción importante. Un estudio reciente dirigido por Duckworth encontró que los maestros estiman que uno de cada tres estudiantes usa computadoras portátiles durante la clase para fines no académicos, como enviar mensajes de texto o redes sociales. El problema no son sólo los teléfonos; Las computadoras portátiles permiten a los estudiantes parecer interesados mientras hacen lo contrario.
Más allá de la distracción, existe una preocupación creciente sobre la recopilación de datos de los estudiantes. Muchas empresas de tecnología educativa acumulan grandes cantidades de información, lo que genera dudas sobre la privacidad y la seguridad. La falta de una supervisión y una regulación claras se suma a este malestar.
La inteligencia artificial añade urgencia
El rápido surgimiento de la IA generativa ha intensificado aún más el debate. A diferencia de integraciones tecnológicas anteriores, la IA llegó en los dispositivos, lo que obligó a las escuelas a reaccionar en lugar de planificar de manera proactiva. Esto ha exacerbado las preocupaciones existentes, empujando a los legisladores a reevaluar su dependencia de la tecnología educativa.
Acción a nivel estatal y soluciones propuestas
Aproximadamente nueve estados están considerando ahora una legislación sobre “tecnología para escuelas seguras”, impulsada por defensores como Kim Whitman del Proyecto de Política de Escuelas Libres de Distracciones. El objetivo no es una prohibición, sino más bien un marco para limitar el uso inapropiado o ineficaz de la tecnología. Las propuestas van desde limitar el tiempo frente a la pantalla en las escuelas primarias hasta permitir que los padres opten por que sus hijos no utilicen dispositivos por completo.
Algunos líderes en Kansas proponen prohibir el hardware en las escuelas primarias y permitir modelos de dispositivos compartidos en las escuelas secundarias. La conversación se extiende a la propia tecnología educativa, con llamados a aplicar los mismos estándares rigurosos de certificación a los planes de estudio tradicionales. La pregunta central sigue siendo: ¿quién es responsable de verificar la seguridad y la eficacia: las escuelas, las empresas o terceros independientes?
Equidad y acceso: una realidad complicada
La implementación de tales cambios no está exenta de desafíos. Muchos distritos de bajos ingresos dependen de dispositivos digitales debido a su menor costo en comparación con los libros de texto. Además, es posible que ya hayan invertido mucho en tecnología educativa a través de subvenciones y fondos federales. Reducir la dependencia de los dispositivos corre el riesgo de exacerbar las disparidades educativas existentes.
Carrie James, del Center for Digital Thriving de Harvard, enfatiza la importancia de considerar a los estudiantes neurodivergentes, para quienes las herramientas digitales pueden ser esenciales para el aprendizaje. Una prohibición general corre el riesgo de excluir a quienes más se benefician de la educación asistida por tecnología.
El camino a seguir: matices sobre las prohibiciones
Los expertos sugieren que es poco probable que las prohibiciones absolutas sean la solución más eficaz. Blocker sostiene que, si bien las prohibiciones telefónicas son sencillas (limitan la interferencia con el aprendizaje), la tecnología educativa requiere un enfoque más matizado. La evidencia sugiere que, cuando se usa de manera efectiva, puede beneficiar a los estudiantes mayores.
Whitman cree que la prohibición de dispositivos eventualmente ganará fuerza a medida que los padres se vuelvan más conscientes y organizados. James, sin embargo, insta a las escuelas a centrarse en la integración holística, creando agencia e intencionalidad en torno al uso de la tecnología. El objetivo final debería ser preparar a los estudiantes para un mundo donde el acceso digital sea omnipresente, no simplemente restringirlo dentro de los muros de la escuela.
El debate en torno a la tecnología en las escuelas no gira en torno a si usarla, sino a cómo usarla de manera responsable y equitativa, garantizando que mejore el aprendizaje sin socavar la atención de los estudiantes ni comprometer su privacidad.
